El 3 marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo un proceso gradual para reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales.
La reducción de la jornada laboral no será inmediata, sino que se implementará de forma progresiva con el objetivo de permitir a los empleadores reorganizar sus operaciones. Se prevé una reducción escalonada de la jornada máxima semanal hasta alcanzar las 40 horas en el año 2030. Asimismo, la reforma establece que la reducción de la jornada no podrá implicar disminución de salarios ni de prestaciones, reforzando el principio constitucional de protección al trabajo.
Entre los principales desafíos que enfrentarán las empresas destacan:
- La reconfiguración de turnos y la reorganización de las jornadas de trabajo, a fin de mantener la continuidad operativa dentro de los nuevos límites legales.
- La optimización de los procesos productivos, con el objetivo de sostener niveles de eficiencia y productividad bajo un esquema de menor tiempo efectivo de trabajo.
- El posible impacto en los costos laborales, particularmente en sectores intensivos en mano de obra, donde podría requerirse la contratación de personal adicional o ajustes en la distribución de tareas.
- Un eventual incremento en el uso de horas extraordinarias, lo cual podría generar implicaciones adicionales en materia de remuneración, cargas de seguridad social y cumplimiento normativo.
- Un mayor escrutinio por parte de las autoridades laborales, especialmente en materia de inspección y verificación del cumplimiento de las jornadas de trabajo. En este contexto, las empresas deberán fortalecer sus mecanismos de control y registro de asistencia, así como implementar herramientas que permitan acreditar de manera clara y documentada el cumplimiento de los límites legales de jornada y del pago correcto del tiempo extraordinario.
Acciones recomendadas para empleadores
Ante este nuevo marco normativo, las empresas deberían considerar, entre otras, las siguientes medidas:
- Realizar diagnósticos internos para evaluar el impacto operativo y financiero de la reducción de la jornada laboral.
- Revisar esquemas de turnos y distribución de cargas de trabajo.
- Ajustar políticas de horas extraordinarias y mecanismos de control de jornada.
- Actualizar contratos individuales de trabajo, contratos colectivos, reglamentos interiores y políticas internas.
- Implementar herramientas tecnológicas para el registro de asistencia y monitoreo de productividad.
- Desarrollar estrategias de comunicación interna y gestión del cambio dentro de la organización.
En este escenario, la adopción de estrategias preventivas de cumplimiento laboral será fundamental para mitigar riesgos legales y garantizar la adecuada implementación de las nuevas disposiciones.
En Hernández Quiroga y Bazaldúa acompañamos a las empresas en este proceso, facilitando una transición ordenada hacia el nuevo marco normativo.